Debemos seguir abogando a favor de la justicia social y por reformas policiales.
Una colega afroamericana tiene dos coches, pero no los usa para ir al supermercado. Prefiere caminar, porque le preocupa que la policía la detenga si va manejando.
He estado pensando en esta amiga y en lo diferente que son nuestras vidas. Cuando yo voy a la compra nunca jamás he pensado que ese viaje podría resultar en un encuentro con la policía, mucho menos en que podría resultar en el fin de mi vida. Sin embargo, la comunidad negra vive con este temor todos los días.
La muerte de George Floyd a manos de la policía en mayo del año pasado generó una ola de indignación en todo el país. Ese acto de violencia insensata reavivó los movimientos que exigen con todo derecho terminar con la violencia policial, el uso de perfiles raciales, y con el racismo estructural.
Pensé entonces que esta vez si conseguiríamos reformas policiales. De hecho, al mes de abril, más de 30 estados han aprobado reformas a las leyes que gobiernan a la policía. Estas incluyen reformas a los sistemas disciplinarios de la policía, transparencia en casos de mala conducta, y un mayor énfasis en la vigilancia policial comunitaria.
En marzo de este año el congreso aprobó el acta número 1280, llamada Ley George Floyd de Justicia en la Policía. Esta propuesta de ley impondría niveles de responsabilidad más altos a la policía, prohibiría el uso de llaves de estrangulamiento y de órdenes de allanamiento de morada. También ordena entrenamientos sobre prejuicios y perfiles raciales, entre otras cosas.
El 20 de abril, el jurado declaró a un policía culpable de la muerte de George Floyd. Durante ese mismo juicio, un joven de 20 años, Daunte Wright, fue detenido y asesinado por la policía. En Chicago, donde vivo, Adam Toledo, un niño de 13 años, fue también asesinado por la policía.
También en Chicago, el video del asalto al hogar de Anjanette Young permite al público ver con sus propios ojos el trauma al que esta trabajadora social negra fue sometida por la policía que allanó su hogar, pistolas en mano, en 2019.
La frecuencia de estas agresiones innecesarias por parte de la policía a miembros de las comunidades de color es la razón por la cual mi amiga tiene miedo de manejar su coche.
Sin duda hay muchos miembros de la policía que son honestos, pero la incidencia de casos en que prejuicios étnicos y raciales por parte de la policía resultan en trágicas consecuencias, nos obligan a abordar esta situación como un problema de salud pública.
Una declaración de principios de APHA de 2018 aborda el tema y declara que la violencia policial es un problema de salud pública. Este documento propone una serie de ideas para reducir la violencia policial, todas basadas en evidencias. Programas comunitarios para reducir la violencia han demostrado su efectividad para incrementar la seguridad pública. Muchas otras intervenciones enfocadas en eliminar otros de los factores determinantes de la salud también han tenido éxito. Invertir en este tipo de programas, junto a la vigilancia de la conducta de la policía, es prometedor.
Tenemos que seguir trabajando y abogando juntos para conseguir justicia racial y reformas a la policía. Superar el racismo sistémico en la policía y en la sociedad es un trabajo agotador, pero no podemos dejar de hacerlo.
Me interesa oír sus opiniones, no dejen de compartirlas conmigo.
Para leer y compartir esta columna en inglés, visite www.thenationshealth.org/content/51/4/3.1.
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